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La edición N° 85 incluye en sus contenidos el comentario de la Unidad Especializada Anticorrupción al caso conocido como CORPESCA, que analiza la responsabilidad penal de la persona jurídica comprometida en el delito de pago de sobornos a funcionarios públicos.
En una línea similar, pero en relación con la cooperación entre Estados en la persecución penal, desde la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones, se presenta un segundo comentario de sentencia, concretamente de un fallo dictado en primera instancia por un tribunal de Ministro Instructor en causa por extradición pasiva, y que se refiere a la prueba indiciaria y al cumplimiento del estándar de convicción atenuado previsto en el artículo 449 letra c) del Código Procesal Penal.
También en la línea de jurisprudencia reciente dictada en el ámbito del proceso penal, se publican tres fallos de la Corte Suprema frente a recursos de nulidad presentados por las defensas, en los cuales se abordan tópicos de privacidad y mensajería por RRSS (redes sociales); control de identidad preventivo y flagrancia, y el ingreso a lugar cerrado bajo el criterio de actual persecución.
A su vez, y dictado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, se presenta un fallo que resuelve una contienda de competencia en una causa por el delito de tráfico de drogas analizando la característica de este como delito de emprendimiento.
Por otra parte, a partir de un análisis jurisprudencial de sentencias dictadas en diversos Tribunales Orales en lo Penal del país entre septiembre de 2021 y agosto 2022, la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, profundiza respecto del aprovechamiento del consumo de sustancias psicoactivas por parte de las víctimas para violentarlas sexualmente, así como de la valoración hecha por parte de los tribunales de la prueba rendida.
La Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, publica un artículo que expone el rol del Ministerio Público en la incorporación e implementación del Convenio de Budapest, con las consecuentes necesidades de adaptación y formación de la legislación pertinente, tanto sustantiva como adjetiva, para la debida penalización y juzgamiento de los delitos informáticos, así como de la necesaria cooperación internacional en esta materia.
Finalmente, la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos, desarrolla y presenta un artículo que aborda la situación de las presuntas desgracias, analizando, a partir de las estadísticas elaboradas en función de las denuncias recibidas, esta problemática, sus necesidades y posibles soluciones o respuestas por parte de los distintos servicios públicos involucrados.
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